En el caso del exsecretario de Defensa mexicano, como en muchos de la llamada guerra contra las drogas, falta justicia y sobra política. Pero no solo en México, también en Estados Unidos.

Joe Biden llega a la Casa Blanca hoy. Y así se inaugurará un nuevo periodo de relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos. Es una relación que inició de manera tensa y que aún tiene una herida abierta: el caso del general Salvador Cienfuegos.

En las últimas semanas del gobierno de Donald Trump, el secretario de la Defensa de México durante el sexenio de Enrique Peña Nieto fue arrestado en Los Ángeles. La acusación que permitió su captura fue que “conspiró para elaborar, importar y distribuir narcóticos” en ese país, así como para “lavar dinero”. Después de intensas gestiones del gobierno del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, la justicia estadounidense cedió a las recomendaciones y el general fue devuelto a México, con la promesa de que en el país se iba a hacer una investigación minuciosa. Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores de México, advirtió entonces que traer de vuelta al exsecretario y no hacer nada sería “casi suicida”. Pero apenas unas semanas después, la Fiscalía General de México (FGR), un órgano autónomo que se encarga de investigar y perseguir crímenes federales, determinó que no existían elementos para presentar cargos contra Cienfuegos.

¿Quién dice la verdad? Es difícil saberlo: el Departamento de Justicia estadounidense ya dijo que podría abrir de nuevo el caso del general y López Obrador afirmó que los investigadores de Estados Unidos habían “fabricado” el caso. Detrás de este incómodo ir y venir, hay una verdad de fondo muy preocupante más allá de la diplomacia: en este caso, como en muchos de la llamada guerra contra las drogas, falta justicia y sobra política.

Tanto en México como en Estados Unidos, el caso de Cienfuegos expuso que se está haciendo un uso político de la justicia.

Mientras tanto, el crimen organizado continúa prosperando e incluso, durante la pandemia, ha logrado reforzar su poder en las economías locales. Sin cambios de fondo en las políticas de combate a los narcóticos (en particular si no se despenalizan las drogas) y en el sistema de procuración de justicia en ambos países, la justicia y las estrategias para lidiar con el narcotráfico continuarán siendo presa de otros intereses. Es indispensable hacer prevalecer la justicia por encima de la política.

En México, el uso político de la justicia no es una novedad: ya en el siglo XIX se decía que “a los amigos, justicia y gracia. A los enemigos, la ley a secas”. Para el presidente López Obrador, esta máxima de Benito Juárez se aplicaría al caso Cienfuegos. Pero no solo en México.

Cienfuegos fue arrestado, sin darle aviso a las autoridades mexicanas, pocos días antes de las elecciones en Estados Unidos. Cuando el gobierno de AMLO le reclamó a Estados Unidos por la detención —amenazando con restringir la acción de los agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA, por su sigla en inglés) en el país—, el entonces procurador estadounidense hizo una petición formal para que se desecharan los cargos contra el general. Entonces, la jueza estadounidense a cargo del expediente dio marcha atrás y devolvió a Cienfuegos a México. Después, la Fiscalía decidió exonerarlo y el presidente mexicano, a quien no le corresponde avalar decisiones del órgano, respaldó esa decisión.

Ambos países, Estados Unidos al retirar los cargos en contra de Cienfuegos por “motivos de política exterior”, y México revelaron que la política vale más que la justicia.

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¿Cómo explicar esto, teniendo en cuenta que el general no forma parte del gobierno de López Obrador?

Una respuesta podría encontrarse en el espacio que el presidente de México ha dado a las fuerzas armadas durante su gestión: las fuerzas castrenses han sido empoderadas como nunca antes en la historia reciente, se les ha encomendado grandes proyectos de infraestructura y, más recientemente, la distribución de la vacuna contra la COVID-19, además de mayores responsabilidades en el área de seguridad. Para los generales actualmente a cargo, Salvador Cienfuegos no es un desconocido: cinco de ellos estuvieron bajo sus órdenes. De manera que procesar a Cienfuegos, equivale de cierta manera a procesar a uno de los principales polos del poder en México. Ante este desafío potencial a su autoridad, el ejército mostró su musculo político. Tras presionar a López Obrador, consiguió lo que parecía buscar: la libertad de uno de los suyos.

¿Y en Estados Unidos? Para algunos, se trataría de un acto característico de la era Trump, quien al conceder indultos, conmutaciones y hacer comentarios públicos perjudiciales sobre casos penales pendientes, hizo de la interferencia política en la justicia un acto usual de su presidencia. Para otros, fue más bien una demostración de poder del establishment de política exterior estadounidense.

De cualquier modo, esta situación debería cambiar. México llevó a cabo desde 2014 un proceso de reforma del sistema de impartición de justicia, cuya pieza angular era la autonomización de la Fiscalía del poder político y la creación de un servicio profesional de carrera capaz de poner fin a la corrupción y la impunidad. Sin embargo, más que poner fin a la corrupción, la acción de la FGR le ha dado contenido a las estrategias político-mediáticas de López Obrador.

Darle continuidad a las investigaciones sobre Cienfuegos le habría permitido demostrar que las cosas estaban cambiado. No fue el caso.

Washington también debería meditar las lecciones de este caso. Si bien el ejemplo mexicano muestra que no basta con ser autónomo en el papel para serlo en los hechos, el manejo político de este asunto por el Departamento de Justicia dejó en evidencia el problema del diseño institucional del modelo de impartición de justicia norteamericano cuando este actúa fuera de Estados Unidos. Su naturaleza híbrida —a la vez casos de justicia interna y de casos que tocan política exterior—, pone su imparcialidad en entredicho, puesto que depende del Poder Ejecutivo.

El caso Cienfuegos nos dice mucho sobre el estado disfuncional de la política antidrogas actual: un gobierno rebasado por la impunidad y la falta de credibilidad en la justicia (México), otro (Estados Unidos) rehén de su contradicción entre hacer valer la ley y sus prioridades de política exterior.

En lugar de darle un uso político a la justicia, estos gobiernos deberían hacer política para atacar las raíces del problema, despenalizando las drogas y combatiendo las fuentes de financiamiento ilícito de los cárteles. Solo así, la justicia dejará de ser un mero instrumento al servicio de otros intereses.

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