A partir de este 1 de enero el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), creado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para sustituir al Seguro Popular, ofrecerá atención médica y medicamentos de manera gratuita y sin restricciones para todos sus beneficiarios.

En sus últimos años de operación, el Seguro Popular se ensombreció con opacidad (documentos cruciales fueron reservados), anarquía en los padrones y falta de indicadores que demostraran su efectividad. Pero las empresas privadas -no relacionadas con el sector salud- a cargo no corrigieron los errores y se convirtieron en grandes ganadoras de este programa de salud, otra vez en el epicentro de los debates públicos, por la presencia amenazante del coronavirus COVID-19.

TV Azteca de Ricardo Salinas Pliego y Televisa de Emilio Azcárraga Jean; SixSigma Networks del emporio de María Asunción Arambaruzabala y Farell, Grupo de Consultoría de Rosa María Farell Campa, hija de Arsenio Farell Cubillas (un linaje vinculado al Partido Revolucionario Institucional) recibieron contratos por adjudicación directa para operar el controvertido sistema de salud, creado en el Gobierno de Vicente Fox Quesada (2000-2006) y continuado en los de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).

A querer o no, los mexicanos pagaron por el Seguro Popular un billón 379 mil 645 millones de pesos (un monto similar a la deuda del Fobaproa); pero no todo salió bien. Esta Unidad de Datos localizó tres casos en los que estos grandes negocios se beneficiaron más que la población objetivo. Son algunos datos oscuros del Seguro Popular en sus últimos años de operación, cuando el Covid 19 estaba por llegar.

Apenas arrancó el Gobierno de Enrique Peña Nieto, en 2013, el centro de datos en el que se guardaba la información acumulada sobre el número de beneficiarios del Seguro Popular fue adjudicado a la empresa SixSigma Networks, de María Asunción Aramburuzabala Larregui, la mujer más rica de América Latina, con un contrato de cuatro millones 900 mil pesos.

Pese a la inversión, durante ese año, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) indicó que no había un sistema disponible que diera cuenta de la armonía entre la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) -el organismo a cargo del SP- y los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud.

Debido a esta carencia, no fue posible verificar si el acceso a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios fue efectivo.

Además, ese mismo 2013, las evaluaciones de la ASF mostraron que el sistema de afiliación y reafiliación no estaba sistematizado y no todos los módulos contaban con acceso a Internet. Así que los padrones no se elaboraban en tiempo real. Tampoco, el centro de datos proporcionó documentación que acreditara la capacitación del personal.

No obstante esos resultados, un año después, se renovó la contratación con otros siete millones 643 mil 965 pesos con 52 centavos con SixSigma Networks.

La ASF de la cuenta pública de 2017 informó que se hizo una confronta con los padrones de personas derechohabientes de otras instituciones que proporcionan seguridad social, lo que generó riesgo de duplicidad en perjuicio de quien no tenía ni un solo registro.

El informe de la ASF, fechado en 2018, dejó registrado: “ … El programa sigue sin contar con información ni indicadores ni metas, para evaluar el cumplimiento del mandato del Seguro Popular relativo a garantizar el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, y con ello, valorar la atención del problema público”.

La ASF de la cuenta pública de 2017 informó que se hizo una confronta con los padrones de personas derechohabientes de otras instituciones que proporcionan seguridad social. Foto: Cuartoscuro.

En medio de críticas como falta de reglas claras y prisa en su puesta en marcha, en enero de 2020, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador sustituyó al Seguro Popular con el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi). Uno de los señalamientos en contra provino de seis exsecretarios de Salud que en una carta advirtieron en diciembre de 2019 que el nuevo instituto nacería de manera improvisada. Según ellos, su eliminación significaba “anular uno de los avances institucionales más importantes” del sistema de salud y su mejora no requería “ningún viraje repentino”; sino políticas de Estado.

La COVID-19 19 llegó a México mientras se vivía esta disputa por la salud. Mientras, en los archivos de la CNPS yacen dos estudios sobre la viabilidad financiera que podrían brindar luces. En 2015, durante el tercer año de Gobierno peñanietista, la CNPS clasificó esos documentos como reservados hasta 2027.

Uno es sobre el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos de acuerdo con la siniestralidad registrada, así como los padecimientos que generaban este tipo de erogaciones y el otro sobre la prima del programa con la consideración de la Cartera del Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES).

El contenido de estos documentos revelaría si el Seguro Popular era sostenible para el periodo de proyección 2016-2025. Cuando la reserva expire, el Gobierno de AMLO tendrá tres años de concluido y el de Enrique Peña Nieto, cumplirá nueve de haber dejado el poder. El coronavirus acaso sea un mal recuerdo.

Farell, Grupo de Consultoría es una firma dirigida por Rosa María Farell Campa, hija de Arsenio Farell Cubillas, fallecido en 2005 y quien fue Secretario del Trabajo y Previsión Social en los sexenios de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) y Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), así como de Contraloría y Desarrollo Administrativo de México durante la mayor parte del Gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León (1995-2000).

Farell Cubillas también fue padre de José Arsenio Farell Campa, quien sería partícipe en la red financiera creada en Suiza para transferir recursos de procedencia ilícita, constituida por Raúl Salinas de Gortari, el hermano mayor del expresidente Carlos Salinas de Gortari.

Entre 2014 y 2016, esta firma realizó las valuaciones financieras y actuariales de la prima del Seguro Popular y del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos mediante cinco contratos que sumaron dos millones cuatro mil 560 pesos.

Marcado por un gasto excesivo en publicidad oficial, cuyo monto llegó a más de 64 mil millones de pesos, el Gobierno de Peña Nieto no dejó al Seguro Popular, fuera de las campañas que difundían supuestos logros de su Gobierno.

En las pantallas se difundieran las campañas “Salud para todos” y “Logros del Sistema Nacional de Salud 2015. Versión Seguro Popular”, en 2013 y 2015. TV Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, se llevó 10 millones 869 mil 48 pesos y Televisa, de Emilio Azcárraga Jean, obtuvo 10 millones 285 mil 177 pesos.

Los mexicanos vieron en las pantallas “spots” en los que bajo el lema “Queremos que lo bueno siga contando” aparecían familias sonrientes y que agradecían a los médicos. Algunas imágenes estaban situadas en el campo. En una de las imágenes, una pareja de campesinos de la tercera edad respondía: “¿Qué es el Seguro Popular? Es algo que nos ayuda cuando estamos enfermos”.

Mientras, la corrupción galopaba. En la transferencia de recursos a los Gobiernos de los estados se perdieron 77 mil 606 millones con unos cien “trucos” para desviar el dinero de sus objetivos, según la revisión de 2008 a 2018 de la Auditoría Superior de la Federación.

Los estados con mayor número de irregularidades fueron Veracruz con 14 mil 052 millones 583 mil 397 pesos; Jalisco con 10 mil 141 millones 748 mil 067 pesos; Estado de México con 8 mil 170 millones 887 mil 483 pesos: Chiapas con 5 mil 892 millones 138 mil 048 pesos y Guerrero, con cuatro mil 795 millones 405 mil 558 pesos.

Veracruz se volvió emblemático. Ahí, cuando gobernaba Javier Duarte de Ochoa, niños enfermos de cáncer recibieron agua destilada por tratamientos de quimioterapia y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios descubrió bodegas con 17 toneladas de fármacos caducos o apócrifos.

También entre 2013 y 2018, se acumularon los casos de mujeres que dieron a luz en la calle, la banqueta, los automóviles, los baños, las salas de espera o los patios de los hospitales. En 2018, la falta de camas y de profesionales en los hospitales llegó a un punto crítico. México se situó en el nivel más bajo en infraestructura hospitalaria de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Así llegó el coronavirus.

El Insabi inicia funciones el primero de enero de 2020 como un órgano descentralizado de la Secretaría de Salud y los servicios que ofrecerá serán bajo criterios de universalidad, igualdad e inclusión

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