El grupo empresarial recordó que la iniciativa rompe con la promesa de López Obrador de no reformar el marco jurídico del sector energético durante los primeros tres años de su administración.

La propuesta de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador es una expropiación indirecta, advirtió el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

“De ser aprobada, se traducirá en un aumento del precio de todos los productos y servicios que consumimos los mexicanos, y en un mayor costo fiscal por la necesidad de subsidiar a la Comisión Federal de Electricidad”, precisó el grupo privado en un comunicado.

Según el CCE, la iniciativa del político tabasqueño intenta impedir, “arbitrariamente”, la competencia en el sector eléctrico nacional, violando los derechos de libre concurrencia y la certeza jurídica.

“Es inexplicable la presentación de esta iniciativa, sin diálogo previo con los sectores afectados, pues abre un nuevo frente contra la inversión en medio de la crisis provocada por la pandemia”, agregó.

El pasado 1 de febrero de 2020, el mandatrio mexicano envió al Congreso una iniciativa para cambiar dicha Ley -aprobada durante la Reforma Energética del priista Enrique Peña Nieto durante 2013- que favorece a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y relega a la iniciativa privada, incluso pretende revocar permisos otorgados por el regulador energético.

El grupo empresarial recordó que la iniciativa rompe con la promesa de López Obrador de no reformar el marco jurídico del sector energético durante los primeros tres años de su administración.

El grupo presidido por Carlos Salazar Lomelín citó cincos afectaciones de esta propuesta a nuestro país:

  1. Abre las puertas a una expropiación indirecta de las plantas privadas al cambiar el marco legal para generar un monopolio de la CFE en el despacho de electricidad.
  2. Atenta contra los compromisos adquiridos bajo tratados internacionales, tanto en acuerdos comerciales como en protección de inversiones.
  3. Viola la no retroactividad de la ley, dado que ninguna norma puede ser ejecutada de forma retroactiva en perjuicio de un particular.
  4. Va en contra de lo resuelto por el propio poder judicial federal, ya que retoma las prioridades del pliego petitorio que la CFE presentó a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en 2019.

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