El fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, reveló hoy que el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, huyó del país para evitar su captura por estar acusado de haber ocultado y alterado pruebas en torno a la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa.

«(Zerón) ya cuenta con orden de aprehensión y con ficha roja de Interpol para su localización a nivel internacional y su extradición correspondiente», dijo Gertz Manero, quien advirtió que la búsqueda abarca más de 190 países y todavía falta judicializar a muchos otros funcionarios de distintos niveles.

Gertz Manero ofreció este martes un mensaje a los medios para explicar el estado de la investigación después de que la víspera fuera detenido  José Ángel Casarrubias Salgado, alias ‘El Mochomo’, presunto líder del cártel Guerreros Unidos que está señalado como uno de los principales responsables de la desaparición masiva.

Explicó que, además de Zerón de Lucio, ya se giraron 46 órdenes de aprehensión internacional contra funcionarios que están imputados de los delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada a partir de líneas de investigación que avanzaron durante.

Por otra parte, el fiscal añadió que en los próximos días recibirá los resultados del análisis de restos humanos encontrados en Guerrero que fueron enviados para su identificación a la Universidad de Innsbruck, en Austria.

Fin de ‘la verdad histórica’

Gertz Manero también dio por terminada la versión que ofreció el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ocurrida en 2014 y que provocó una conmoción internacional.

«Se acabó la verdad histórica», dijo al referirse a una de las frases que marcaron el pasado sexenio.

En ese entonces, el exprocurador Jesús Murillo Karam aseguró que policías municipales habían secuestrado y entregado a los estudiantes a miembros del Cártel Guerreros Unidos que los terminaron matando y quemando en un basurero. Lo llamó ‘la verdad histórica’. La versión, que exculpaba por completo la responsabilidad del Estado, fue defendida por el expresidente hasta el fin de su mandato.

Sin embargo, los peritajes del Equipo Argentino de Antropología Forense y la investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) demostraron que las autoridades mentían porque no había pruebas de la incineración de cuerpos.

Múltiples reportajes periodísticos revelaron, además, que en la persecución a los estudiantes, la masacre de ellos y otros civiles y en la desaparición habían participado fuerzas de Seguridad municipales, estatales, federales e incluso el Ejército.

El caso

El 26 y 27 de septiembre de 2014, 43 estudiantes fueron desaparecidos en Iguala, Guerrero, uno de los estados más pobres de México y ruta estratégica del narcotráfico.

Los jóvenes, que estudiaban en escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en donde se forman maestros de educación básica de las comunidades más marginadas, tomaron camiones de larga distancia para ir a una manifestación en la ciudad de México, pero en la terminal de Iguala comenzó un tiroteo que mutó en persecución.

En medio de la violencia y la confusión, los agresores acribillaron también un camión en el que iban miembros de un equipo de futbol conocido como ‘Los Avispones’. En la cacería, que continuó a lo largo de la madrugada, participaron policías municipales, estatales y el Ejército.

El saldo fue de seis muertos. Uno de ellos se llamaba Julio César Mondragón y era un estudiante de 22 años. Aunque al principio se creyó que sus torturadores le habían desollado el rostro, peritajes concluyeron que había sido arrancado por animales.

También hubo 25 heridos y 43 desaparecidos, entre los cuales, hasta ahora, sólo se logró encontrar a Alexander Mora Venancio, de 19 años. Más bien, apenas sus restos. Una muela y un fragmento de hueso hallados supuestamente en un río permitieron identificarlo a fines de 2014.

Lo que no se sabe todavía es en dónde están los otros 42 estudiantes. Qué hicieron con ellos. Quiénes son los responsables. Por qué se ordenó el operativo. Qué buscaban, qué querían quienes los persiguieron, balearon, torturaron, secuestraron y, en algunos casos, asesinaron.

Peña Nieto intentó dar por cerrado el caso que, debido a la repercusión internacional que tuvo, debilitó a su gobierno. Pero gracias a la intervención de organismos internacionales y a la lucha de los familiares de los asesinados y desaparecidos, la causa no fue cerrada y ahora, ya bajó la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, sigue abierto y con otras líneas de investigación.

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